Educación para todos

Las sociedades democráticas presumen de que sus ciudadanos son educados, es decir, presumen de personas bien informadas y críticas, tanto porque les exige poder determinar sus preferencias como elegir entre diferentes alternativas, y también porque se supone que deben supervisar a sus representantes y actuar directamente en política cuando sea necesario.

En este contexto, la educación se considera un derecho universal y, en consecuencia, un deber del Estado, que debe proporcionarlo de manera gratuita y con altos estándares a toda la comunidad.
Hoy Brasil, un país marcado por su pasado profundamente desigual e injusto, se ha enfrentado al desafío de garantizar ese bien esencial para su gente.
Por lo tanto, la democracia brasileña parece ser un sueño aún más distante cuando se constata, por un lado, la carencia de educación pública se inicia por su dimensión más elemental, el espacio físico de las escuelas, y, por otro lado, que se priva de esa educación precisamente a aquellos que más podrían beneficiarse de lla: los niños del país.